Trabajamos por el desarrollo personal y la inclusión social de personas en situación de desprotección y exclusión: personas sin hogar y mujeres y menores víctimas de violencia de género.

"Que por mí no quede" Luz Casanova

91 445 41 69
info@proyectosluzcasanova.org

¿Quién atiende y cómo se entiende el derecho de los/las menores víctimas de violencia de género?

92673

Durante este verano, el caso de Juana Rivas ha sacado a la palestra uno de los temas más controvertidos, tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública. Y aunque el asunto es complejo y requiere de mucha formación e información, cuando aparecen los conceptos “violencia de género” y “custodia de menores” en seguida saltan las alarmas. El debate adquiere cierto tono de barra de bar y parece que todo se convierte en una lucha entre “el bien y el mal”, “la verdad y la mentira” y cualquier hijo de vecino da su opinión, convirtiéndose además, en un experto en el tema.

Una de las primeras cuestiones que para mí deberían aparecer es: ¿Qué dicen las cifras y los datos oficiales sobre violencia de género?:

  1. La Fiscalía General del Estado insiste en que el porcentaje de denuncias falsas en materia de violencia de género es irrisoria, menos del 0,01%.
  2. Sólo en 2016 hubo 15.822 denuncias de mujeres. Estas denuncias no son más que la punta del iceberg, pues según los cálculos del Instituto de la Mujer, los casos que se llegan a denunciar representan el 20% del total, quedando el resto invisibilizados.
  3. De las 36 mujeres asesinadas en lo que va de año, doce ya se habían separado. De esas doce, casi la mitad tenían una orden de alejamiento.
  4. Diez de estas 36 mujeres han sido asesinadas por los padres de sus hijos menores, que ahora quedan huérfanos.
  5. Siete menores han sido asesinados directamente a manos de sus padres en 2017.

Los datos hablan por sí solos y están al alcance de todo aquel que quiera verlos en la página del Instituto de la Mujer.

La siguiente pregunta sería ¿Qué dicen las leyes? Pues bien, gracias a muchos años de lucha, existen numerosos instrumentos jurídicos que deberían proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y a los/las menores. Instrumentos como el Convenio de Estambul de 2011, que reconoce que “los niños y niñas son víctimas de la violencia doméstica, incluso como testigos de violencia dentro de la familia, y obliga a los Estados a tomar medidas legislativas u otras necesarias para que, en la oferta de servicios de protección y apoyo a las víctimas, se tengan en cuenta adecuadamente los derechos y necesidades de los niños testigos de todas las formas de violencia”.

En España, desde la Ley Orgánica 8/2015, nuestro sistema jurídico por fin asume, de forma explícita, la premisa anterior de que los/as menores cuyas madres son víctimas de violencia de género, son también víctimas directas de dicha violencia. Además, tal y como establece expresamente la modificación del 2015 del art. 5. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor “en las decisiones especialmente relevantes que afecten al menor se contará con el informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados”.

Por otro lado, existe El Convenio de la Haya de 1980, que es un tratado multilateral que trata de proteger a los menores que sufren una sustracción sin consentimiento por parte de uno de sus padres, traspasando las fronteras internacionales. Dicho convenio, puesto que fue redactado en 1980, no trata de forma explícita los supuestos de sustracción de menores en los que media una situación de violencia de género, pero sí establece causas de excepción a la hora de restituir a dichos menores incluyéndose los casos de menores que viven en contextos de violencia.

Una vez aclaradas estas cuestiones, con las escalofriantes cifras que deberían alarmar a cualquiera y los instrumentos jurídicos de nuestro lado, queda preguntarse: ¿cómo es posible que siga habiendo un debate al respecto y que no haya unanimidad a la hora de dar respuesta?

Quizá sea posible porque el discurso que tienen algunos de los responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de estas leyes no es precisamente en defensa de estas mujeres y de estos menores. Quizá, en muchos casos, se esconda ese imaginario colectivo que insiste en señalar como culpable y manipuladora a las mujeres “con tal de quedarse con los hijos” y en defender la presunción de inocencia de los hombres que “quieren pelear por su derecho de ejercer de padres”.

Un imaginario que, además de pisotear el derecho de las mujeres, pasa peligrosamente por encima del derecho del menor. ¿Desde cuándo la sociedad y las instituciones han entendido que lo que prima es el derecho de un progenitor violento a relacionarse con su hijo/a y no el derecho de ese menor a vivir libre y lejos de violencia? ¿Dónde queda su derecho a no querer relacionarse con ese progenitor? ¿Dónde queda el derecho del menor a ser escuchado por profesionales especializados? ¿Desde cuándo se puede tolerar que una mujer pueda perder la patria potestad e incluso ir a la cárcel acusada de secuestro por huir de una situación de violencia y proteger a sus hijos/as, incluso tras varias denuncias previas sobre un hombre ya condenado?

Tal y como expresaron en su comunicado la Asociación de Mujeres Juezas de España en relación al caso de Juana Rivas la respuesta pasa por utilizar la perspectiva de género como elemento transversal inspirador e informador tanto de las normas jurídicas como de su interpretación y aplicación. Evitando correr el riesgo de que la palabra “igualdad” pierda su sentido a fuerza de pronunciarla solo para aparentar lo que significa.

Marta Maqueda Montón

 

Al continuar la navegación en este sitio, usted está dando su consentimiento para el uso de las cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar